El conflicto surge a partir de una propuesta de la Comisión Europea que clasifica a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” bajo criterios de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), lo que implica restricciones al uso de biodiésel de origen argentino en el mercado comunitario. La medida, aún en etapa de consulta pública, encendió alertas en el sector productivo y en las terminales exportadoras radicadas en Provincia de Santa Fe, que concentran la totalidad de la capacidad de embarque de biocombustibles argentino hacia Europa.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial decidió tomar un rol protagónico en la defensa del sector, inscribiéndose formalmente en los mecanismos de consulta de la UE y trabajando en conjunto con el Estado nacional para aportar argumentos técnicos a favor de la sustentabilidad y competitividad del biodiésel argentino. A través de una resolución ministerial se constituyó un grupo de trabajo ad hoc —con especialistas, cámaras empresarias y áreas técnicas públicas— para analizar el impacto de las normativas europeas y formular propuestas de respuesta.
Puccini subrayó que “este frente de defensa estratégica es nuestra respuesta institucional. Con respaldo legal, con datos y con argumentos, vamos a proteger el empleo y la producción de cada santafesino. Santa Fe toma posición y acompaña al Gobierno Nacional en la defensa de la posición argentina frente a la Unión Europea”. Con el trasfondo de un mercado global cada vez más regulado, la estrategia local busca reforzar la posición argentina en la disputa comercial y asegurar la continuidad de un negocio de exportación que representa una parte significativa de las divisas vinculadas al complejo oleaginoso y energético.
