Vandalismo rural: Diputados aprobó nuevas penas para los ataques al campo

La Cámara baja dio media sanción al proyecto que incorpora la intrusión rural y establece prisión y multas por daños a bienes agropecuarios. La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por el Senado. Entre los puntos centrales aparecen la protección de instalaciones productivas y las sanciones por incitar públicamente a cometer estos delitos.
AGRO22 de octubre de 2026Matías C. E. TorresMatías C. E. Torres
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Infografía BICHOS DE CAMPO

La seguridad de quienes viven y trabajan en el campo llegó al recinto de Diputados: el miércoles 21 de octubre fue aprobado el proyecto impulsado por Martín Ardohain, del PRO, para incorporar al Código Penal nuevas herramientas contra el vandalismo rural. Según informó Bichos de Campo, acompañaron La Libertad Avanza, PRO, UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques; los rechazos provinieron de Unión por la Patria y la izquierda. El diputado Luis Basterra, diputado por Formosa, y ex Ministro de Agricultura, protagonizó la única abstención.

La propuesta apunta tanto al ingreso sin autorización a establecimientos rurales como a los ataques contra bienes necesarios para producir. Sus principales medidas son:

  • Intrusión rural: penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión.

  • Daño agravado: penas de dos a ocho años de prisión, junto con multas de tres a doce veces el valor del daño causado.

  • Bienes protegidos: inclusión expresa de sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, entre otros elementos vinculados con la producción.

  • Agravante por la condición del responsable: duplicación de la pena mínima por daño cuando el autor sea funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria.

  • Instigación pública: penas de dos a seis años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunda mediante redes sociales o medios de comunicación masiva.

El próximo paso será el tratamiento en el Senado: la media sanción todavía no convierte estas medidas en ley. Para las comunidades productivas, el debate involucra más que el costo de reparar una instalación. Como planteó la Fundación Barbechando en un informe reproducido por CARBAP, el daño también debe evaluarse por la función del bien afectado: inutilizar una bomba de agua, por ejemplo, puede comprometer el abastecimiento de todo un rodeo. Esa continuidad del trabajo rural es uno de los ejes de la discusión.

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