Matías C. E. Torres
El lunes 22 de septiembre, el Gobierno nacional anunció la eliminación transitoria de las retenciones para granos, con vigencia hasta el 31 de octubre y un cupo de u$s7.000 millones para la registración de DJVE bajo un régimen diferencial. Según Clara García y Pablo Farías, la medida duró menos de 72 horas y “fue una muestra absoluta de falta de previsibilidad”, favoreciendo al eslabón “más concentrado” de la cadena exportadora, “que en muchos casos ni siquiera tenía la mercadería, solo una declaración jurada sobre mercados futuros”.
García sostuvo que el socialismo “viene reclamando la eliminación de las retenciones en un marco planificado, gradual y escalonado”, pero que lo dispuesto “fue intempestivo y perjudicó claramente a pequeños y medianos productores, que ya habían vendido su cosecha y pagado los derechos, e invertido en maquinaria e insumos”. Y apuntó: “Se trató de una timba impositiva netamente electoralista… esos grandes acopiadores se quedaron con cerca de u$s1.500 millones a cambio de liquidar u$s7.000 millones y rescatar al Gobierno de una crisis de reservas”.
Por su parte, Farías —candidato a diputado nacional por Provincias Unidas— pidió “una reforma tributaria profunda” que incluya “una quita progresiva de retenciones” para ordenar reglas y otorgar previsibilidad. “Más del 75% de los productores vendió con el esquema vigente porque se les dijo que no iba a cambiar; fueron defraudados”, afirmó, y advirtió sobre “las sospechas” respecto de cómo circuló la información: “benefició a unos pocos actores en millones de dólares. Es otra sospecha que recae sobre el Presidente y su entorno”.
