Matías C. E. Torres
La reforma de la Carta Orgánica busca que el Banco Central vuelva a tener una única misión: preservar el valor de la moneda. Para cumplir ese objetivo, quedaría expresamente prohibido financiar al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, además de comprar títulos públicos nacionales en el mercado primario. Milei sostuvo que la emisión para cubrir el gasto político funcionó históricamente como un “impuesto inflacionario” y calificó al organismo como una herramienta que permitió “el robo de la alta política”.
El proyecto también pretende darle mayor independencia a la conducción del BCRA: para remover a su presidente o a los integrantes del directorio se necesitarían dos tercios de los votos tanto en el Senado como en Diputados. Además, se limitaría el giro de utilidades al Tesoro, se eliminarían las letras intransferibles y los resultados obtenidos por cambios en el valor de determinados activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible.
La segunda pata será el denominado “grillete fiscal”, una regla que impediría aprobar o sostener presupuestos deficitarios. Si las cuentas permanecieran en rojo durante varios meses y el Congreso no recuperara el equilibrio, se activaría automáticamente un cierre parcial del Estado: se frenarían gastos nuevos, contrataciones, incorporación de personal y transferencias discrecionales a las provincias. Mientras durara ese mecanismo, el Presidente, el Vicepresidente, legisladores y altos funcionarios no cobrarían sus salarios, aunque jubilaciones, pensiones, asignaciones, salud, seguridad y otras prestaciones esenciales quedarían exceptuadas. “Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo”, resumió Milei.
