La presentación fue realizada por el presidente de Atlético Carcarañá, Damián José Brussa, y la secretaria Vanina Andrea Bruera contra la resolución aprobada el 21 de julio por la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Cañadense. El club había pedido la nulidad absoluta de la sanción y, de manera subsidiaria, su revocación o una reducción sustancial, pero el Tribunal resolvió “rechazar in limine” el recurso por falta de competencia, sin abrir la discusión sobre la legalidad o la proporcionalidad del castigo.
En sus fundamentos, el organismo nacional aclaró que su intervención se limita a las decisiones adoptadas por los tribunales disciplinarios de las ligas afiliadas y sostuvo que “no resulta competente para intervenir como Tribunal de alzada” frente a una resolución asamblearia. Además, remarcó que la Asamblea es “el órgano supremo, legislativo y de gobierno” de una liga y representa la voluntad de sus clubes afiliados, por lo que sus decisiones se rigen por el estatuto institucional, el Código Civil y Comercial y el control provincial de Personas Jurídicas.
La resolución deja así vigente la sanción de 38 meses y la multa económica dispuesta por la Liga Cañadense. El expediente también exhibe un dato llamativo: primero consigna que Carcarañá cumplió con el arancel de $3.500.000 fijado para apelar, pero luego ordena destinar a gastos administrativos “el importe del depósito incompleto realizado por el apelante”. La puerta deportiva quedó cerrada sin revisar el castigo y el conflicto podría trasladarse ahora al terreno judicial.
