Lo que parecía una broma de chicos dejó de serlo hace tiempo. En la provincia de Santa Fe, las falsas amenazas a escuelas ya generan consecuencias económicas concretas: padres obligados a pagar millones por operativos de seguridad activados por mensajes que, en muchos casos, salen de celulares de menores. La lógica cambió: lo que antes se minimizaba, hoy se cobra.
El fenómeno, que tuvo su epicentro en Rosario, ya se trasladó al interior. En nuestro Dto Belgrano en Montes de Oca, Las Parejas, Armstrong y Las Rosas, también se registraron amenazas que obligaron a activar protocolos y desplegar fuerzas policiales en establecimientos educativos. El impacto es directo: clases interrumpidas, comunidades en alerta y un clima que rompe con la tranquilidad habitual de la región.
Detrás de estos hechos aparece un patrón preocupante: jóvenes que naturalizan la amenaza como juego o desafío, sin medir consecuencias. La respuesta del Estado apunta a un solo lugar: el bolsillo. Porque si algo quedó claro en Santa Fe, es que la “jodita” dejó de ser gratis… y en algunos casos, ya cuesta más de seis millones de pesos.
