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title: "Ahora fue en Las Parejas. Amenazas virales en escuelas: del “reto” en redes al costo millonario que ahora pagarán las familias"
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description: "En Las Rosas, Armstrong y Las Parejas se repiten amenazas anónimas de supuestas balaceras, en línea con un fenómeno viral que se replica en todo el país. Mientras crece la preocupación en la comunidad educativa, la provincia de Santa Fe endurece su postura: advierte que no se trata de una broma sino de un delito y anunció que los padres de los autores deberán afrontar los costos de los operativos policiales."
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date_published: "2026-04-21T10:26:00-03:00"
date_modified: "2026-04-21T10:35:34-03:00"
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# Ahora fue en Las Parejas. Amenazas virales en escuelas: del “reto” en redes al costo millonario que ahora pagarán las familias

![Placa - WEB](/download/multimedia.normal.9cd28ceeb1194c8c.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**En los últimos días, distintas escuelas de la región —primero en Las Rosas, luego en Armstrong y ahora en Las Parejas— volvieron a ser escenario de amenazas anónimas que simulan posibles ataques armados. Los mensajes, muchas veces escritos en baños o difundidos por redes, forman parte de un fenómeno viral** que circula principalmente en TikTok y que ya generó situaciones similares en distintos puntos del país, alterando la normal actividad escolar y generando temor en alumnos, docentes y familias.

**El problema no es menor: cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la intervención de fuerzas policiales, evacuaciones y suspensión de clases. A nivel provincial, en una sola jornada se registraron decenas de episodios** de este tipo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y su rápida propagación. Desde el gobierno santafesino remarcan que estas acciones “no son una broma” sino conductas tipificadas como delito, con consecuencias concretas tanto en el plano penal como social.

**Frente a este escenario, la provincia decidió avanzar con una medida contundente: los costos de los operativos —que pueden rondar entre 5 y 6 millones de pesos por intervención— serán cobrados a los responsables o, en caso de tratarse de menores, a sus padres**. La decisión busca desalentar este tipo de prácticas y generar conciencia sobre el impacto real de estas amenazas, que no solo movilizan recursos del Estado sino que también afectan a toda la comunidad educativa.

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